Las víctimas vivían en Uruguay en situación de necesidad económica y fueron trasladadas a España para ser explotadas ejerciendo la prostitución en la localidad madrileña de Alcalá de Henares

Una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos, ha sido desarticulada por la Policía Nacional. En la operación han liberado a cuatro mujeres que eran explotadas sexualmente tras ser trasladadas desde su país de origen, donde vivían en situación de necesidad económica.

Eran obligadas a ejercer la prostitución en la vía pública y en una casa de citas de la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Organización criminal

La organización trasladaba a las mujeres desde su país de origen hasta España, donde eran recogidas a su llegada al aeropuerto por los principales responsables de la organización o por sus familiares.

A continuación, las trasladaban hasta domicilios particulares de Alcalá de Henares o de Guadalajara, o bien se encargaban de que las víctimas se desplazaran en taxi hasta estos domicilios. 

Las mujeres contraían una deuda que incluía el pago del alquiler y la manutención por su estancia en la finca donde eran explotadas, y que debían saldar ejerciendo la prostitución. 

Los investigados desarrollaban su actividad principalmente en una finca de Alcalá de Henares y en las calles del polígono industrial La Garena, de la misma localidad. 

Los implicados se servían de familiares en territorio nacional para el control de las víctimas, constituyendo así una organización criminal caracterizada por una fuerte estructura y diferenciación de funciones. 

La forma de captar a los clientes se realizaba a través de anuncios publicados en webs de contactos. También se realizaba directamente ofreciendo sus servicios en las calles del propio polígono.

Explotación sexual en condiciones extremas

Las víctimas vivían en situación de vulnerabilidad y de gran necesidad económica en Uruguay. Cuando eran trasladadas a España, se les obligaba a ejercer la prostitución en condiciones muy precarias e insalubres, tanto en el interior de la finca como en las propias calles del polígono industrial donde esta se ubicaba. 

Antes de su traslado definitivo hasta el lugar donde ejercerían la prostitución, los implicados llevaban a sus víctimas a comprar ropas sensuales para mostrarse ante los clientes.

Cuando llegaban a la finca, se les indicaban los precios de los servicios sexuales, que oscilaban entre 20 y 30 euros. La deuda económica ascendía a 3.500 euros en conceptos de traslado, documentación y ropa, que debían saldar a través de la explotación sexual.

Los responsables de la organización se quedaban con el 50% de los beneficios económicos que resultaban de la explotación de las mujeres. 

Las víctimas también debían pagar la cantidad de 20 euros al día en concepto de alojamiento y manutención. Además, la organización les racionaba la comida.

El horario que debían cumplir era de lunes a sábado desde las 10 hasta las 20 horas. Se les obligaba a ejercer la prostitución hasta en las condiciones más adversas, incluso durante el temporal de nieve Filomena y a temperaturas bajo cero.